En el Derecho Internacional Público las partes en un litigio sometido a arbitraje determinan a través del compromiso arbitral aquellos aspectos relativos a la constitución del órgano, la fijación del procedimiento y el derecho aplicable, pero pocas veces establecen mecanismos encaminados a instaurar sistemas de control sobre la sentencia dictada. Las decisiones arbitrales, salvo acuerdo entre las partes, son superiores con competencias casacionales, pues cada arbitraje se agota en el laudo, acto jurídico que resuelve la concreta controversia con valor de cosa juzgada. En este sentido, el sistema arbitral cuenta con limitaciones estructurales derivadas de la inexistencia de mecanismos que garanticen la eficacia de la decisión frente a posibles incumplimientos y subsanen las incertidumbres, dudas, errores o causas que determinen su posible nulidad.\La práctica arbitral, sin embargo, modula esta afirmación en el sentido de poner de manifiesto, a través de un importante conjunto de precedentes, la existencia de procedimientos contenciosos subsiguientes al laudo con una triple finalidad: determinar el sentido y alcance de lo definitivamente juzgado, corregir errores de hecho invalidantes del laudo y apreciar la posible existencia de causas de nulidad que pudieran atacar la oponibilidad de la decisión arbitral. Objetivos todos ellos concebidos como remedios procesales necesarios para la eficacia del laudo, pues aunque provoquen inicialmente una continuidad en el tiempo de la controversia, a la postre se revelan como imprescindibles en ara de una real eficacia resolutoria del litigio sometido a arbitraje.\A partir de los datos suministrados por la práctica, la obra acota el alcance, contenido y los elementos procesales que definen y limitan las demandas de interpretación, revisión y nulidad. El estudio sistemático de cada una de éstas instituciones abarca tanto las causas para formular las demandas, como la competencia del órgano arbitral y el procedimiento a seguir, con especial referencia a las obligaciones procesales de las partes en la controversia posterior al laudo.