La política de justicia del actual Gobierno ha trabajado el desafío estratégico de hacer frente a las deficiencias de nuestro Sistema de Administración de Justicia, para favorecer el respeto por el individuo y sus derechos, y la seguridad de las personas. Para cumplir con tan loables objetivos y tras casi siete años de discusión en el parlamento, el 30 de agosto de 2004 fue publicada en el Diario Oficial la Ley N˚ 19.968, que crea los Tribunales de Familia. La implementación de estos nuevos tribunales se enmarca dentro de un programa global sistemático de modernización de la administración de justicia, que ya comprende la implementación de la reforma procesal penal; la nueva política penitenciaria; el fomento al uso de sistemas alternativos para la resolución de conflictos; el mejoramiento de los programas para el acceso a la justicia, que tienden a aumentar la información disponible y a prestar asistencia letrada a sectores marginados de la protección jurisdiccional; y ahora la reforma a la justicia familiar y de infancia.\De esta manera si lo que, por una parte, caracteriza al actual sistema de administración de justicia es una deficiente y lenta atención de los tribunales, una respuesta adversarial inadecuada frente a las características del conflicto familiar, una extrema escriturización y una alta discrecionalidad del procedimiento; por otra parte, lo que distingue la reforma a la justicia de familia es una jurisdicción especializada y de carácter interdisciplinario, un mejoramiento en la calidad y oportunidad de las prestaciones de justicia, la implementación de un procedimiento oral, concentrado y desformalizado, y particularmente, el desarrollo de vías no controversiales de resolución de conflictos. Los ideales mencionados constituyen entonces las bases sobre las cuales se construye el tratamiento de los conflictos que puedan llegar a afectar a la familia, razón por la que resulta interesante abordar la forma en que este nuevo sistema judicial desarrollado en torno a los nuevos Tribunales de Familia incidirá en el tratamiento de la problemática familiar y, particularmente, en lo relativo a la estructura orgánica de estos tribunales, su competencia, su procedimiento y la aplicación de mecanismos alternativos de resolución de conflictos.