A lo largo de la última década ha aumentado el interés de las instituciones públicas por incorporar el microcrédito como instrumento de lucha contra la pobreza y dinamización de los circuitos económicos basados en empresas de menor tamaño relativo. En el presente libro se analizan tres casos, en Argentina, Brasil y México, en los cuales los gobiernos locales han impulsado programas de microcrédito con diferentes estructuras organizativas, modalidades de intervención y niveles de participación de las instituciones públicas, pero que tienen en común la finalidad de emplear el microcrédito para dinamizar la estructura productiva local. Mediante estos programas, y concretamente de la integración del microcrédito con otras medidas de asistencia a las empresas, los gobiernos municipales se proponen contribuir al desarrollo de los sistemas productivos locales basados en micro y pequeñas empresas. Estos casos son analizados también en forma comparativa, con vistas a reflexionar sobre las fortalezas y debilidades que presentan, intentando ofrecer elementos que puedan ser tomados en consideración al definir estrategias de dinamización del tejido productivo local. En la investigación se ha apreciado que las características específicas del entorno productivo y las necesidades del grupo destinatario son factores importantes para la definición tanto de los objetivos estratégicos como de las herramientas necesarias para su consecución. Factores como las características del sector empresarial local, la demanda y oferta financiera, la existencia de sectores socioeconómicos muy débiles y la estabilidad política de los gobiernos locales influyen en el diseño y la puesta en marcha de los proyectos de microfinanzas. En relación con las modalidades de intervención y formas organizativas, otros elementos considerados en el estudio, se ha observado que hay variadas opciones, que abarcan desde un programa integrado ejecutado directamente por una municipalidad hasta un banco con participación pública. Un fenómeno importante que vale la pena destacar es la necesidad de coordinar medidas en distintas áreas de fomento de las mypes, puesto que estas empresas, además del acceso al crédito, también necesitan en general recibir ayuda en materia de capacitación, asistencia técnica, comercialización y tecnología, entre otras. En este sentido, la modalidad de ejecución de un programa integrado, que incluye distintas áreas de acción, puede ofrecer ventajas en términos de costos de información, dado que estamos en presencia de una estructura jerárquica en la cual un solo equipo puede tener acceso a todos los datos relevantes sobre las distintas áreas de acción y los beneficiarios. Por otra parte, una estructura de este tipo tiene también costos de coordinación (y operativos), que pueden ser elevados y conducir a un incremento notable de los costos administrativos del programa, que hace difícil (o simplemente imposible) su sostenibilidad financiera. Esto significa que la elección de esta modalidad de operación dependerá de los resultados esperados en términos de dinamización del tejido productivo local (los que, de todos modos, tendrán que ser evaluados en lo que respecta a los efectos). En definitiva, la modificación resultante de la estructura productiva en términos de productividad de las empresas, generación de empleo y creación de nuevas unidades productivas competitivas son los elementos que pueden justificar la adopción de un programa integrado.