En junio de 1976, menos de tres años después del golpe, tuvo lugar en Chile la Sexta Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA). La presencia en el país del Secretario de Estado de los Estados Unidos, Henry Kissinger, aseguraba una asistencia completa. Pero la publicidad que se buscaba dio lugar, en cambio, a un bochorno mayor: cinco abogados que ya se destacaban por su incansable defensa de los presos políticos, hicieron distribuir a los asistentes de la Asamblea un documento en que denunciaban, circunstanciadamente y por primera vez de manera pública, los crímenes, asesinatos, torturas, y todo tipo de violaciones de derechos humanos que se venían cometiendo en Chile; la forma impúdica en que el gobierno militar los negaba y la pasividad absoluta de los Tribunales de Justicia. El impacto fue inmediato. Las principales plumas de la dictadura se movilizaron para desmentir, con falsos argumentos, verdades que hoy todo el mundo reconoce como irrefutables. Personajes ilustres del régimen entregaron réplicas absolutamente falsas, diarios que aún hoy gozan de prestigio rasgaron vestiduras y hasta el Colegio de Abogados, en lugar de defender el derecho de sus colegiados, se prestó a la defensa de lo indefendible. Se refleja aquí el oscurantismo en que se encontraba Chile y el abismo moral en que lo sumían los defensores del régimen. Está también el testimonio vivo de quienes arriesgaban su vida y su libertad para defender principios y derechos pisoteados.