Teoría y práctica de los derechos ancestrales de agua de las comunidades atacameñas / Manuel Cuadra L.
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ArticlePublication details: Universidad Católica del Norte San Pedro de Atacama 2000Subject(s):
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Estudios AtacameñosSummary: Desde los albores del siglo XX, la principal causa de la pérdida de las aguas de las comunidades aymaras y atacameñas del norte de Chile, fue la desprotección jurídica en que éstas quedaron como consecuencia de la subordinación del derecho consuetudinario indígena al derecho positivo estatal, en un escenario de creciente demanda de esos recursos para abastecer a los centros mineros y las ciudades de la zona. Esta situación cambió, a lo menos en parte, con la dictación de la Ley Nº 19.253 de 1993, más conocida como Ley Indígena, que reconoció los derechos de agua de propiedad ancestral de las comunidades aymaras y atacameñas, permitiendo su regularización. En la primera parte de este trabajo, me referiré al aludido conflicto entre derecho indígena y derecho estatal, y luego analizaré las implicancias del reconocimiento legal de aquellos derechos ancestrales. En la segunda parte, expondré algunos aspectos del primer programa de regularización de los derechos de agua de comunidades atacameñas, cuya ejecución me encargó la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), entre los años 1994 y 1999.Summary: Desde los albores del siglo XX, la principal causa de la pérdida de las aguas de las comunidades aymaras y atacameñas del norte de Chile, fue la desprotección jurídica en que éstas quedaron como consecuencia de la subordinación del derecho consuetudinario indígena al derecho positivo estatal, en un escenario de creciente demanda de esos recursos para abastecer a los centros mineros y las ciudades de la zona. Esta situación cambió, a lo menos en parte, con la dictación de la Ley Nº 19.253 de 1993, más conocida como Ley Indígena, que reconoció los derechos de agua de propiedad ancestral de las comunidades aymaras y atacameñas, permitiendo su regularización. En la primera parte de este trabajo, me referiré al aludido conflicto entre derecho indígena y derecho estatal, y luego analizaré las implicancias del reconocimiento legal de aquellos derechos ancestrales. En la segunda parte, expondré algunos aspectos del primer programa de regularización de los derechos de agua de comunidades atacameñas, cuya ejecución me encargó la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), entre los años 1994 y 1999.
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| Analítica de revista | Biblioteca Central Colección General | General | ESTUD. ATACAMEÑOS-19/00 (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Available | FICTICIO2387 |
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En: Estud. atacam., 2000, no.19, p.93-112. ISSN 0718-1043.
Desde los albores del siglo XX, la principal causa de la pérdida de las aguas de las comunidades aymaras y atacameñas del norte de Chile, fue la desprotección jurídica en que éstas quedaron como consecuencia de la subordinación del derecho consuetudinario indígena al derecho positivo estatal, en un escenario de creciente demanda de esos recursos para abastecer a los centros mineros y las ciudades de la zona. Esta situación cambió, a lo menos en parte, con la dictación de la Ley Nº 19.253 de 1993, más conocida como Ley Indígena, que reconoció los derechos de agua de propiedad ancestral de las comunidades aymaras y atacameñas, permitiendo su regularización. En la primera parte de este trabajo, me referiré al aludido conflicto entre derecho indígena y derecho estatal, y luego analizaré las implicancias del reconocimiento legal de aquellos derechos ancestrales. En la segunda parte, expondré algunos aspectos del primer programa de regularización de los derechos de agua de comunidades atacameñas, cuya ejecución me encargó la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), entre los años 1994 y 1999.
Desde los albores del siglo XX, la principal causa de la pérdida de las aguas de las comunidades aymaras y atacameñas del norte de Chile, fue la desprotección jurídica en que éstas quedaron como consecuencia de la subordinación del derecho consuetudinario indígena al derecho positivo estatal, en un escenario de creciente demanda de esos recursos para abastecer a los centros mineros y las ciudades de la zona. Esta situación cambió, a lo menos en parte, con la dictación de la Ley Nº 19.253 de 1993, más conocida como Ley Indígena, que reconoció los derechos de agua de propiedad ancestral de las comunidades aymaras y atacameñas, permitiendo su regularización. En la primera parte de este trabajo, me referiré al aludido conflicto entre derecho indígena y derecho estatal, y luego analizaré las implicancias del reconocimiento legal de aquellos derechos ancestrales. En la segunda parte, expondré algunos aspectos del primer programa de regularización de los derechos de agua de comunidades atacameñas, cuya ejecución me encargó la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), entre los años 1994 y 1999.
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