En: Revista chilena de derechos humanos. no. 11, 1989 pp. 42-67.

De acuerdo a la jurisprudencia unánime de la Corte Suprema y de la mayoría de la doctrina, el tratado debidamente ratificado, promulgado y publicado es una ley de la República. Así también lo entiende el decreto promulgatorio del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, ya que ordena el Presidente que "en uso de la facultad que me confiere el artículo 5º del Decreto Ley nº 247, de 17 de Enero de 1974, dispongo y mando que se cumpla y lleve a efecto en todas sus partes como Ley de la república, publicándose copia autorizada de su texto en el Diario Oficial. En el presente trabajo examinaré brevemente el caso de conflicto de un tratado con una ley interna, para centrarme a continuación en algunos de los efectos de del Pacto en relación al sistema electoral público chileno vigente.