A comienzos de la década de 1990, con la restauración de la democracia, el Estado chileno se hizo cargo de un nuevo trato hacia el mundo indígena, implementando ciertas políticas cuyo fundamento es el reconocimiento de una deuda histórica con los pueblos originarios del país.
En este acto de reparación la cuestión de la tierra ocupa indudablemente el lugar primordial, por lo que la información acerca de la historia de la constitución de la propiedad indígena en el país empieza a ser demandada tanto por los organismos estatales como por los propios pueblos originarios. De hecho, una de las primeras iniciativas de la Comisión Especial de Pueblos Indígenas (CEPI), la entidad gubernamental creada durante 1990 por el gobierno de Patricio Aylwin, será encargar diversos estudios concernientes a la propiedad.Este nuevo contexto permitió también visibilizar la dimensión pública del quehacer de las ciencias sociales y humanas, que habían venido desarrollando estudios relacionados con el mundo indígena en general y respecto de este tema en particular durante la dictadura cívico-militar, en un ambiente político hostil al ejercicio de sus disciplinas. Desde los espacios universitarios los aportes provenían especialmente de la etnohistoria, que ya se había involucrado en la pesquisa de fuentes documentales disponibles en archivos nacionales y extranjeros, aunque sus publicaciones estaban dirigidas principalmente al ámbito académico. Las contribuciones que tuvieron una resonancia algo más amplia fueron las que se realizaron desde los organismos no gubernamentales (ONG) a partir de la década de 1980, por la relación que estas instituciones mantenían con el mundo indígena, especialmente sus organizaciones y representantes.
Precisamente este vínculo permite explicar por qué los primeros estudios pertinentes a la propiedad de la tierra realizados por la CEPI hayan sido encargados a las ONG.