La integración e inclusión social de las personas con discapacidad han sido principios vagamente asumidos en multitud de los textos normativos estatales e internacionales y el camino para llevarlas a la práctica ha adolecido en numerosas ocasiones de una falta de concreción "sobre principios, valores y derechos" de compromisos y de protocolos de actuación por parte de la comunidad internacional, que permitía que las personas con discapacidades (650 millones en el mundo) se vieran indefensas ante las continuas violaciones de sus derechos en sus respectivos países.

Este documento, articulado en siete capítulos, surge tras la reciente Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas y firmada por 81 países y la Unión Europea. Su finalidad es informar sobre el contenido de la convención y dotar de una serie de directrices a los gobernantes y agentes políticos y sociales para que, cumpliendo con lo rubricado, pongan los medios para que las personas con discapacidad tengan igualdad de derechos y oportunidades en todos lo ámbitos.