Cuando en 1989 las fuerzas democráticas se aprestaban a dirigir el país, el esfuerzo del movimiento de mujeres organizadas en torno a
la Concertación de Mujeres por la Democracia estaba dirigido principalmente a lograr el reconocimiento de los intereses y demandas de
las mujeres como parte de la agenda política próxima. Se trataba de superar, ampliándola, la noción tradicional de políticas públicas prevaleciente en Chile, centrada en la distribución de los ingresos y en las demandas de clase, para dar paso a los intereses de otros sujetos sociales que, como las mujeres, emergen con fuerza en el último cuarto de siglo. Un requisito indispensable para ello era lograr voluntad política para introducir, en la acción del Estado, la preocupación por aspectos tales como el cuidado infantil, la violencia doméstica, el embarazo de adolescentes en Chile, centrada en la distribución es, la segregación laboral, la subrepresentación femenina en las instancias de decisiones y otros tantos problemas que evidencian la desigualdad entre los géneros. Esto, dentro de un aparato estatal que estructural y culturalmente no percibe las diferencias de género como prioridad y competencia de los poderes públicos.