Trabajo de título para optar al Grado de Licenciado/a en Gobierno y Gestión Pública y al Título de Administrador/a Público/a.

Tesis (Administración Pública) -- Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 2020.

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Tanto la Ley de Garantías Explícitas en Salud, GES, como la Ley Ricarte Soto, fueron políticas públicas aclamadas por diferentes motivos, ya sea que significaron un alivio a los gastos económicos relacionados a una enfermedad o condición, o porque se consagran derechos de los pacientes en el sistema de salud. Ambas Leyes contemplan una lista de enfermedades que cubren, una batería de exámenes, tratamientos, etc. Como todo esta normado bajo leyes especificas, también debe haber un criterio único en cuanto a los diagnósticos, y procedimientos clínicos que cada profesional debe asegurar para una atención de excelencia. Es por ello que cada una de estas leyes cuenta con una Guía de Práctica Clínica, GPC, las cuales, entregan información relevante basada estrictamente en evidencia científica, con la finalidad de unificar criterios y ayudar a la toma de decisión, tanto de los profesionales de la salud, como de los pacientes. A pesar de lo anterior, al adentrarnos en los detalles de estas leyes, en la práctica, no todas las fases de una enfermedad están cubiertas, siendo que, estas fases se encuentran contempladas con sus respectivas recomendaciones en las Guías de Práctica Clínica. Existen enfermedades que se encuentran cubiertas tanto por la Ley de Garantías Explicitas en Salud como por la Ley Ricarte Soto y aún así hay fases que no se encuentran cubiertas. Esta disyuntiva entre la información contenida en la Guía de Práctica Clínica y lo que cubre la ley, sin aclarar, por ejemplo: qué procedimiento clínico está garantizado y cual no, los tiempos de espera entre las diferentes fases de una enfermedad, entre otras consideraciones. Lo que significaría una vulneración a los derechos de la persona. Es por ello que en esta tesis se pretende analizar la correspondencia entre Guías de Práctica Clínica y lo que la ley cubre efectivamente y de esta forma evidenciar si existe una vulneración a los pacientes.