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Cambios en la gestión de pago desde la implementación de la ley 21.131 pago a 30 días, en la división de administración y finanzas del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, 2020-2022 Vitalia Huenchucoy Aburto ; profesora guía Andrea Pequeño Bueno.

By: Contributor(s): Material type: Computer fileComputer filePublication details: Santiago, Chile : Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 2023.Description: 91 páginasSubject(s): Dissertation note: Tesis (Administración Pública) -- Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 2023. Summary: La Ley 21.131 de pago a 30 días fue una moción parlamentaria promovida por los senadores Alfonso de Urresti Longton, Andrés Zaldívar Larraín, Eugenio Tuma Zadán, Iván Moreira Barros y Andrés Allamand moción presentada ante el congreso chileno en el año 2016, durante la administración del Gobierno de Sebastián Piñera Echeñique y publicada en el diario oficial en el año 2019. Está ley ha tenido un impacto en la responsabilidad de entidades públicas y privadas para pagar una factura en un plazo máximo de 30 días corridos. Está factura, a su vez, debe ser emitida por los proveedores una vez recepcionada conforme los servicios contratos o bienes adquiridos por el comprador. No obstante, este plazo puede ser modificado de mutuo acuerdo por las partes hasta un máximo de 60 días, se debe respetar las formalidades especificadas para el caso.
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Tesis para optar al grado de Licenciado/a en Gobierno y Gestión Pública y al título de Administrador/a Público/a.

Tesis (Administración Pública) -- Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 2023.

Tesis electrónica (PDF). Solicitar envío de documento a biblioteca@academia.cl.

La Ley 21.131 de pago a 30 días fue una moción parlamentaria promovida por los senadores Alfonso de Urresti Longton, Andrés Zaldívar Larraín, Eugenio Tuma Zadán, Iván Moreira Barros y Andrés Allamand moción presentada ante el congreso chileno en el año 2016, durante la administración del Gobierno de Sebastián Piñera Echeñique y publicada en el diario oficial en el año 2019. Está ley ha tenido un impacto en la responsabilidad de entidades públicas y privadas para pagar una factura en un plazo máximo de 30 días corridos. Está factura, a su vez, debe ser emitida por los proveedores una vez recepcionada conforme los servicios contratos o bienes adquiridos por el comprador. No obstante, este plazo puede ser modificado de mutuo acuerdo por las partes hasta un máximo de 60 días, se debe respetar las formalidades especificadas para el caso.

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