Se ha calculado que, en Chile, alrededor de 500 mil personas pasaron por los centros de tortura de la dictadura y que pudieron sobrevivir a ello, habiendo quedado con secuelas físicas y psíquicas que, de acuerdo a un Informe del Servicio Médico Legal, en muchos casos han sido irreversibles, dejándose al descubierto el alcance que cobra la tortura como instrumento de sometimiento de la población, sumándose la perversión de los lazos emocionales más íntimos y propios de las personas. La magnitud y masividad con que se aplicó la tortura en Chile ha afectado a la sociedad entera.\La tortura se situó en el centro de la acción represiva de la dictadura, donde la desaparición forzada de personas y las ejecuciones de prisioneros fueron el resultado de acciones que se iniciaban con la aplicación de tormento.\Ante esta situación e invocando la Convención Internacional contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, brotó la CECT, cuyos propósitos han sido terminar con el delito de tortura en Chile, cuya práctica ha continuado hasta hoy. Lograr que el Estado chileno reconozca que la tortura es un crimen. Lograr la dictación de una ley de Reparación Integral. Restituir los derechos civiles y políticos a todos los ex presos políticos que, hasta aquel momento, mantenían inhabilidades derivadas de los procesos realizados por tribunales civiles y militares o por inhabilidades establecidas en la Constitución. Garantizar la reparación de salud. Que los torturadores sean inhabilitados para el ejercicio de cualquier cargo en el aparato del Estado. Incorporar la temática de derechos humanos en los currículos de todos los niveles del sistema educacional y en la formación de las fuerzas armadas y de orden.\La Comisión Valech ha significado un avance en humanidad. No obstante, la CECT considera la exclusión de las personas detenidas en las manifestaciones públicas; a quienes padecieron torturas fuera de los recintos oficiales de detención; a las víctimas que han fallecido; a los extranjeros torturados; a los chilenos torturados en el exterior, en el marco de la Operación Cóndor; a quienes fueron objeto de detención por menos de cinco días. Además, la pensión mensual brindada a las víctimas calificadas por la Comisión Valech vulnera el artículo 14 de la Convención Internacional contra la Tortura, que reconoce “el derecho a una indemnización justa y adecuada”; aún no se adoptan medidas educativas de prevención de la tortura; y se mantiene la cláusula que impide a los tribunales tener acceso a las imputaciones concretas de delitos denunciados ante la Comisión Valech.