El alarmante aumento de la exclusión y la pobreza ha abierto numerosos interrogantes en torno a la eficacia del llamado Estado del bienestar y a la calidad de las democracias contemporáneas. Una de las respuestas a esta situación ha sido la minimización de los derechos sociales, con frecuencia reducidos a medidas focalizadas y a concesiones revocables de acuerdo a la voluntad del poder político de turno.
La propuesta que aquí se recoge va en sentido contrario. A diferencia de otras prestaciones condicionadas como los seguros de desempleo o las rentas de inserción, la renta básica consistiría en un ingreso pagado por el Estado a cada miembro de pleno derecho o residente de la sociedad incluso si no quiere trabajar de forma remunerada, sin tomar en consideración si es rico o pobre o, dicho de otra forma, con independencia de cuáles puedan ser las posibles fuentes de renta, y sin importar con quién conviva. Ante lo que se estaría, por tanto, es ante un derecho social de nuevo tipo, similar al derecho al sufragio, a la educación o a la salud universales.
La propuesta es provocadora. Entre otras razones, porque obliga a discutir desde una perspectiva filosófica, política, económica y jurídica, temas clásicos y a revisar, en su caso, viejos prejuicios: desde la relación entre el ingreso y el trabajo asalariado, hasta el carácter supuestamente meritocrático y contributivo de las sociedades actuales.