La obra revisa de manera crítica el debate que se ha producido en Ecuador sobre la política minera desde la década de 1990. Muestra que la exploración para la minería a gran escala ya ha ocasionado impactos sociales y políticos negativos. Los primeros se evidencian en los enfrentamientos violentos en las potenciales zonas mineras. Los impactos políticos se configuran en la instrumentalización sistemática de la participación de las organizaciones sociales y en la prolongación de una cultura política nacional que ignora los clamores locales por revertir las inequidades históricas que afectan a sus comunidades. Es por la incapacidad de atender a estos impactos que la política minera actual carece de legitimidad. Una mejor política minera no se podrá lograr si los actores políticos con más poder relativo no se comprometen efectivamente con la democratización de la sociedad y la legitimación del Estado en el largo plazo. Mientras persigan la captación de inversión extranjera directa, de rentas y rédito político de corto plazo, el país presenciará conflictos en los que los actores sociales seguirán demandando que la búsqueda de la sustentabilidad ambiental se asiente en la participación de todos los interesados, descentralización efectiva y acuerdos políticos de largo plazo.